SOCIALISMO Y CORRUPCIÓN.
Jorge Olivera Castillo.
El
presidente chino Hu Jintao volvió a dar la voz de alarma en las celebraciones
del 90 aniversario del Partido Comunista de China (PCCH), sobre el avance de la
corrupción a todos los niveles de la sociedad y el gobierno.
Eso
fue hace un año, pero el problema no se detiene. Ahora, próximos a inaugurar el
XVIII Congreso de la entidad partidista, el asunto vuelve a la palestra como
algo imposible de atenuar con las medidas impuestas, incluida la pena de muerte
para los altos funcionarios que incurran en delitos de esta naturaleza.
Llama
la atención que el relajamiento de la disciplina partidista es un hecho fuera
de cualquier duda.
Una
vez más queda demostrado que las unánimes poses de fidelidad ideológica tan
propias del unipartidismo, son construcciones ficticias que ceden el paso a
realidades que nada tienen que ver con la ética y el decoro.
En
Cuba proliferan hechos de similar factura. Las corruptelas se extienden desde los estratos más pobres de la sociedad
hasta los más encumbrados. En esta ola de daños no solamente económicos, sino
también sociológicos, también se cuentan funcionarios de alto rango tanto del
partido como del gobierno.
Dentro
de este cóctel de transgresiones, habría que añadir a una parte sustancial de
la oficialidad castrense.
A
medida que el socialismo le abre las puertas al capital con la intención de
salir del estancamiento, se desarticula el andamiaje retórico sobre el cual se
asienta un modelo improductivo y basado en leyes comprobadamente utópicas.
Este
es uno de los motivos para entender la alargada pausa del presidente cubano
Raúl Castro a las medidas aperturistas que no creo lleguen a alcanzar la
dimensión que la nomenclatura china ha permitido desde que comenzaron las
transformaciones económicas en las postrimerías de la década del 70 del siglo
pasado.
Las
tentaciones de enriquecerse a toda costa, sin importar los procedimientos,
cobran una dinámica que termina evaporando las reservas de honradez. Este
último término es hoy en Cuba una especie de reliquia cada vez más omitida de
un contexto en el que predomina la ilegalidad como herramienta para el lucro o
la supervivencia.
El
cohecho, el tráfico de influencias, los desvíos de recursos del estado y el
descontrol administrativo son fenómenos que abarcan todo el territorio nacional
y que se practican a diario.
Al
igual que en China, los castigos utilizados para ponerle coto a la situación no
son suficientes. Los casos continúan reproduciéndose sin que se vislumbren
soluciones.
Si
le es tan complicado al gobierno de la Isla atenuar el número de incidencias
relacionadas con estos delitos, es obvio que lo pensarán más de una vez para
ampliar la cobertura de las reformas económicas.
Un
reajuste de las leyes de inversión extranjera con el propósito de viabilizar la
entrada al país de empresas de varios países, es impensable por el momento.
Los
pasos en este sentido serán discretos. El temor a que se prolonguen los
tentáculos de la corrupción, impedirá progresos de envergadura.
Es
casi seguro que la irrupción de grandes cantidades de capital pondría en
aprietos a los jerarcas del partido y el gobierno.
Todo
el aparato político-ideológico quedaría expuesto a un mayor desprestigio. Los
comunistas convencidos o los que aparentan serlo, son piezas fáciles ante las
seducciones de los dineros del enemigo, tal y como lo califican en Cuba.
China
es un ejemplo de lo difícil que resulta acabar con algo que puede fácilmente
convertirse en una plaga.
La
élite verdeolivo sabe que ni fusilando podría detener un curso de acción que
tiene su propia dinámica y la suficiente capacidad de adaptarse a las
circunstancias sin perder su eficacia.
¿Se
acabará la moratoria en cuanto a la pena de muerte frente a los imparables
índices de corrupción? Nunca se sabe.
Lo
cierto es que las medidas punitivas que se practican hoy no incluyen a todos los corruptos.
Hay
un sector intocable que desde hace tiempo vive a expensas de acciones de dudosa
moralidad. ¿El origen de sus fortunas?
Ese
tipo de preguntas no llegan a los oídos de una nomenclatura demasiado ocupada
en contar las nuevas mesadas que llegan a sus manos, casi siempre sin el debido
respaldo legal y por supuesto sin darle un centavo al fisco.
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