ESPERA QUE
DESESPERA.
Jorge Olivera Castillo.
En
marzo de 2015 los opositores Sonia Garro, su esposo Ramón Alejandro Muñoz y
Eugenio Hernández, cumplirán tres años tras las rejas sin juicio.
El
martes 21 de octubre fue nuevamente
suspendida la vista oral. Es la tercera ocasión que sucede.
El
próximo 7 de noviembre, si no hay otro aplazamiento, recibirán el veredicto que
se baraja en la oficina de algún jerarca del Ministerio del Interior.
En
estos casos los jueces se limitan a comunicar las determinaciones del alto
mando, aunque aparenten lo contrario.
Es
probable que con el ánimo de encubrir las violaciones de procedimiento, las
autoridades excarcelen a Sonia, pero esto es solo una especulación.
Quizás
consideren suficiente el tiempo que la han tenido recluida en condiciones
deplorables por los delitos de atentando, desorden público y tentativa de
asesinato que tanto ella, sus familiares y numerosos activistas pro democráticos, consideran infundados.
La
Fiscalía pide 10 de años para Garro, 14 años para Muñoz y 11 para Hernández. Peticiones excesivas por
medio de la cuales se envía un mensaje de intolerancia hacia las personas que
practican la desobediencia civil como método de lucha contra el régimen de
partido único.
A
propósito del juicio y su cancelación, se contabilizaron decenas de detenciones
de opositores e integrantes de la sociedad civil en varias provincias del país
por su disposición a exigir públicamente la liberación de los tres reos.
La
convocatoria de la protesta fue hecha por la líder de las Damas de Blanco,
Berta Soler, agrupación a la cual pertenece Sonia.
En
declaraciones de Soler al sitio digital Diario de Cuba, dejó constancia de la
voluntad de las mujeres que militan en dicha agrupación en mantener el mismo
nivel de exigencia para que termine el atropello.
Mientras
se prolonga el limbo legal, que tal vez culmine en la primera semana de
noviembre, el ambiente represivo en general echa por tierra las esperanzas de
nuevos enfoques en materia de libertades fundamentales.
Arrestos,
actos de repudio, amenazas y confiscaciones, continúan perpetrándose con total
impunidad.
Una
nota reciente dio cuenta de la muerte del recluso Leovigildo Almaguer de 40
años, en la cárcel de Boniato, ubicada en la ciudad de Santiago de Cuba.
El
occiso había recibido días antes una brutal paliza en la prisión provincial de
Camagüey.
Su
traslado para Boniato con el fin de facilitar la atención médica no cumplió su
cometido. Los familiares aseguran que la demora en brindarle atención médica
fue el motivo de su muerte.
Las
palizas y sus secuelas siguen siendo el denominador común en las prisiones
cubanas.
Recuerdo
mi llegada al Combinado de Guantánamo, en abril de 2003. En un rincón del
recinto carcelario los guardias molían a golpes a un preso. Tenía las manos
amarradas. Lo vi perder el conocimiento a causa de la tunda. Meses más tarde a
raíz de otra paliza, se suicidó.
Sonia
Garro, Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández deben haber sido testigos o víctimas de
escenas similares. Son casi tres años de encierro. Tiempo de sobra para
acumular experiencias y anécdotas escalofriantes.
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