SOCIEDAD

                                                     POLLO EXTRAVIADO.

                                                                        Jorge Olivera Castillo.

Si no fuera por los productos racionados, muchos dependientes estatales y empleados de las respectivas entidades suministradoras,  no tendrían automóviles, casas, prendas de lujo y todo lo que no está al alcance del cubano promedio.

Desde que se implantó la libreta de racionamiento en los primeros años de la década del 60 del siglo XX, el timo al consumidor, el desvío de recursos y el parasitismo social se fueron convirtiendo en el distintivo de una revolución que realmente concluyó apenas 9 años después de su estreno en enero de 1959.

Con la eliminación de los últimos vestigios capitalistas en 1968 se procedió a consolidar un nuevo orden basado en el igualitarismo y en la peregrina idea de crear el hombre nuevo: un ser humano honesto, listo para cualquier sacrificio por la patria y con valores éticos y morales extraordinarios.

A medida que transcurría el tiempo, las cosas tomaron rumbos opuestos. La doble moral fue cimentándose y el empeño principal de los cubanos, determinado por el mandato de la supervivencia, se fundamentó en sacar adelante la economía familiar sin detenerse en la legalidad o no de los procedimientos.

Al no haber cambios dentro de las estructuras estatales la situación es la misma. Solo que en la actualidad, en el caso referido aquí, las ganancias obtenidas por las trampas al uso, son mucho menores a raíz de la paulatina reducción de la canasta básica debido a los graves problemas económicos.

Ya no es posible que los dependientes de los locales donde se reparten las exiguas cuotas de alimentos y artículos de aseo, amasen jugosas fortunas como en los años de las vacas gordas, cuando la ex Unión Soviética y sus satélites garantizaban los suministros sin interrupciones.

Entre las tácticas para consumar los despojos, aparte del trabajo sucio en las básculas, habría que mencionar un término que se explica por sí solo: faltante.

El ciudadano Raúl Fernández Suárez, residente en el municipio capitalino de Marianao, es uno de los afectados por las 42 libras de pollo que no llegaron a la carnicería como parte del plan que asigna 11 onzas per cápita, dos veces al mes, según reportó el diario Juventud Rebelde en la sección Acuse de Recibo en su edición del 3 de abril.

Desde enero, las reclamaciones han caído en saco roto. Sin embargo alberga esperanzas de que en este mes se resuelva el entuerto.

Es razonable la duda de que el pollo no entregado de acuerdo a las estipulaciones vigentes, haya terminado en la mesa de clientes que pueden pagarlo hasta 10 veces por encima del costo establecido.

Es algo que sucede a menudo y que habrá que soportar mientras no se liberalice el comercio minorista y entren en vigor leyes que verdaderamente protejan al consumidor.

Tanto en los comercios bajo la tutela del estado como los que funcionan con cierta independencia, se ha entronizado la complicidad entre la administración, los inspectores y la empleomanía para apropiarse de los bienes ajenos.

La confabulación para expoliar más que una intención, es una cultura generalizada que mantiene invertida la escala de valores.

¿Qué país puede funcionar mínimamente bien, si los ladrones viven mejor que los trabajadores honestos?

¿Cómo se explica que los profesionales, entre estos los pertenecientes al sistema de salud pública, estén en los puntos más bajo de la escala social al compararlos con el vasto ejército de parásitos que se la agencian para multiplicar sus magros salarios en detrimento del prójimo?

Termino con otra pregunta: ¿Obtendrá su cuota de pollo Raúl Fernández?