LOS RETOS DE LA
DESOBEDIENCIA CIVIL.
Jorge Olivera Castillo.
Aunque haya decenas de opositores empeñados en articular
un movimiento nacional de desobediencia civil en Cuba, las circunstancias no
favorecen sus perspectivas.
Salvo
aislados episodios donde habría que destacar el derroche de coraje contra
fuerzas monumentalmente superiores, la situación habría que identificarla como
eventos simbólicos con muy poca trascendencia en el aspecto político.
La
brutalidad empleada por los grupos parapoliciales contra cada intento de llevar
la protesta a las calles, reduce las oportunidades de que aumente de manera
significativa el número de personas en este tipo de lucha.
En
vez de la multiplicación, tales acciones derivan en más reservas en el momento
de decidir el alistamiento en algunas de las agrupaciones que han optado por
llevar a cabo las exigencias prodemocráticas en la vía pública.
Sería
poco objetivo e innoble negar el valor de quienes ponen en riesgos sus vidas en
las refriegas donde son apabullados por las turbas, pero valdría la pena
preguntarse: ¿cuáles son los beneficios
a no ser las denuncias que terminan diluyéndose en una selva mediática,
abarrotada de problemas más graves y que funciona a partir de puntuales
intereses geopolíticos dentro de los cuales el tema cubano no es prioritario?
A
partir de la complementariedad en el difícil escenario interno, estas impugnaciones
en las calles cobran cierta importancia, sin dejar de reconocer que su
influencia es limitada, al igual que otras iniciativas empleadas en la disputa
por el cambio; con la salvedad de que en este caso la cuota física y
psicológica a pagar es considerablemente mayor.
Entre
los defensores de la desobediencia civil como método de presión para acabar con
la dictadura, sobresalen los argumentos sobre su efectividad en otras naciones
sin detenerse en analizar las especificidades culturales, sociológicas e
históricas que posibilitaron la victoria, bien parcial o total, de las
respectivas demandas.
En
los países donde han tenido éxito las reivindicaciones de carácter económico,
político, sindical o de otra índole, es notoria la existencia de una sociedad civil
que ha funcionado como un engranaje a través del cual se han viabilizado y
visibilizado las protestas.
Un
ejemplo a citar a modo de ilustración, es el de las luchas antirracistas en los
Estados Unidos que alcanzaron su clímax en la década del 60 del siglo XX.
De
no ser por la resonancia del tema en los medios (libertad de expresión
mediante), la contribución de las iglesias protestantes y un marco
institucional democrático, con su
consabida división de poderes, otro hubiese sido el final de las batallas
por la igualdad racial.
No
hago alusión a un potencial fracaso del movimiento que defendió los derechos
civiles de la población afro norteamericana sino a la tardanza en amasar el
triunfo con su añadidura de muertes y atrocidades.
Hasta
el momento ninguna reclamación de respeto a los derechos humanos o de
transformaciones medulares del estatus quo realizada en público, ha provocado
la adhesión de un número considerable de personas. La solidaridad ha sido
excepcional o en el mejor de los casos a cierta distancia del lugar de los
hechos.
Cada
paliza a los protagonistas de las protestas queda grabada en la mente de
quienes observan y rumian su defensa ante los abusos.
La
decisión es mantenerse al margen y continuar enfrascados en las inaplazables
operaciones de supervivencia.
Después
a comentar los incidentes con la familia y las amistades cercanas. Y finalmente
afirmar que lo sucedido fue un acto de
valentía o una locura.
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