“NO LO
VAMOS A PERMITIR”
Jorge Olivera Castillo.
Alrededor
de las 9 de la noche del viernes 23 de enero, dos oficiales del Departamento 21
de la Seguridad del Estado, se presentaron en mi casa para advertirme que no iban
a permitir el II Foro Democrático en Relaciones Internacionales y Derechos
Humanos a celebrarse en la Habana el próximo 28 de enero.
La
actividad opositora tiene previsto efectuarse paralelamente a la II Cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que sesionará en
la capital cubana los días 28 y 29, donde asistirán Jefes de estado y de
gobierno, así como altos funcionarios de los 33 países miembros.
El
encuentro que la policía política impedirá tiene entre sus objetivos poner en
perspectiva la incompatibilidad del sistema político de partido único de Cuba
con la Declaración Especial de Defensa de la Democracia de la CELAC.
Uno
de los acuerdos suscritos en la reunión fundacional de la referida entidad,
celebrada en Caracas el 3 de diciembre de 2011, dice y cito textualmente:
“Acordamos
una cláusula de compromiso con la promoción, defensa y protección del Estado de
Derecho, del orden democrático, de la soberanía de los pueblos, de los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales, incluyendo entre otros el derecho a la
vida, la libertad y la seguridad de la persona, el no sometimiento a torturas
ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el no ser arbitrariamente
detenido, preso o desterrado, ni objeto de ejecuciones sumarias y arbitrarias,
de desapariciones forzadas, y libertad de opinión y expresión”.
Un
breve repaso por lo que aquí se plantea es suficiente para cuestionar al
régimen que sirve de anfitrión.
La
sistematicidad de los arrestos arbitrarios, los actos de repudio y la
realización de juicios sin mínimas garantías procesales contra los activistas
prodemocráticos expresan un comportamiento que contraviene las normas
internacionales que avalan el ejercicio de todos los derechos ciudadanos,
independientemente del signo político e ideológico de los gobiernos.
Al abordar otros puntos de las violaciones
flagrantes a los derechos humanos habría que destacar las pésimas condiciones
carcelarias y las posibilidades de ser recluido sin infringir la ley. El delito
de peligrosidad social predelictiva contempla el encarcelamiento sin pruebas.
Decenas de opositores han ido a prisión bajo este precepto ¿legal?
Por
otro lado resulta irónico que el gobierno cubano lleve a cabo múltiples
acciones humanitarias en varios países del Tercer Mundo, por medio del envío de
profesionales de la salud a zonas de extrema pobreza, y a la vez se dedique a
azuzar las turbas para que golpeen a las Damas de Blanco en la vía pública,
obligue a trabajar por aproximadamente un dólar al día en las empresas
estatales y mantenga repletos los centros penitenciarios, donde por cierto
languidecen más de 80 presos políticos.
Lo
peor de esta pesadilla es la impunidad. No existen medios legales para la
protección del ciudadano. Entre la miseria y la represión transcurre la vida
del cubano promedio. Las alternativas para escapar de la asfixiante realidad
son irse del país por cualquier medio o jugarse la suerte en el mercado negro.
Vivir del trabajo honesto se ha convertido en una utopía.
En
los más de 50 años de socialismo real se ha regularizado la ineficiencia, la
ilegalidad, el descontrol, la apatía y el terrorismo de Estado.
Pavel
y Pedro, el par de agentes que me visitaron, fueron tajantes en sus
advertencias.
¿Qué
otra cosa esperar de los verdugos que algunas veces se proyectan como maestros
de la tolerancia y las buenas costumbres?
Sé
que los nombres que me dieron son falsos pero eso es lo de menos. Lo que sí no
admite dudas es su determinación a impedir, por todos los medios a su alcance,
la reunión del 28 de enero.
