SÁLVESE EL QUE PUEDA.
Jorge Olivera Castillo.
Los
pormenores de las corruptelas detectadas en el Complejo de tiendas de Carlos
III y en una entidad municipal de la empresa de servicios comunales, refuerzan
las opiniones sobre la incapacidad del gobierno para detener un fenómeno que ha
hecho metástasis en la sociedad.
Como
en anteriores ocasiones, miles de cubanos cuentan con las pruebas documentales
de los hechos grabadas en memorias flash y en DVDs.
Nunca
se sabe quién es el proveedor inicial, pero es de suponer que se trata de un
acto premeditado en la jefatura del Ministerio del Interior.
La
falta de información oficial se compensa con el trasiego de copias, alquiladas
o vendidas, a una clientela ávida por enterarse de la identidad de los
culpables y sus artimañas para enriquecerse.
Ambos
casos ocurridos en La Habana, vuelven a demostrar de manera fehaciente la
inviabilidad de la centralización económica.
En
la mayoría de las empresas estatales sigue imperando el descontrol
administrativo lo que facilita el auge de la corrupción en todas sus variantes.
De
nada valen los esfuerzos de la Controlaría General de la República para ponerle
freno a algo que por la cantidad de implicados habría que despenalizar.
Unos
pocos son los que finalmente terminan en la prisión. El resto se las ingenia
para continuar en sus rejuegos sucios que incluyen el desfalco, la extorsión y
el soborno.
“Los
precios en todas las tiendas están multados. Aparte de que ya viene inflados por
orden de la empresa que provee la mercancía, se le agrega un extra que después
se reparte entre la gerencia, el responsable económico y los empleados”, me
explicó el dependiente de una tienda a condición del anonimato.
“El
salario que recibimos es una miseria. Si no hacemos esto, sería como venir a
trabajar de gratis. Es verdad que le robamos al cliente, pero imagínate son las
reglas del juego. Esto es sálvese quien pueda”, agregó.
Por
medio de esta conversación, pude enterarme que los gerentes se van con la mayor
parte de las recaudaciones ilegales. En algunos casos sus ganancias sobrepasan
los 300 pesos convertibles por día, aproximadamente 280 dólares.
Tales
dividendos representan una fortuna en un país donde el sueldo promedio es menos
de un dólar diario
Entre
los beneficiarios de estas ilegalidades,
también habría que mencionar a centenares de ex oficiales de la contrainteligencia.
No
pocos de estos últimos figuran en las nóminas de los cuerpos de seguridad de
cada centro comercial, otros se desempeñan como inspectores a los que hay que
entregar una parte del botín. Negarse a hacerlo es el camino más corto a la
cárcel.
Al
final todo funciona sin contratiempos. Solo hay que cumplir con los códigos
establecidos.
De
vez en cuando, la contralora general, Gladys Bejerano, en aras de no perder su
credibilidad, decide ponerle fin a alguna de las corruptelas.
Es como introducir la mano en un biombo con
los ojos cerrados. Sin duda alguna, siempre extraerá una carta de triunfo.
De
hechos de corrupción está saturada la república que forjaron bajo la bandera
del socialismo, hace más de medio siglo.
